Guerra del Gas
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Pintada alusiva a la nacionalización del gas en una calle de Uyuni.
La Guerra del Gas es el nombre popular a una disputa social en Bolivia centrada en la explotación de las reservas de gas natural situadas en el departamento suroriental de Tarija, descubiertas a mediados de los años 1990 y las segundas más grandes de Sudamérica.
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[editar] Antecedentes en el Gobierno de Quiroga
El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al Océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salída al mar en la Guerra del Pacífico (1879 – 1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano en donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinan a la opción peruana dicen que también beneficiaría la economía de la región norteña de Bolivia, por la cual el gasoducto pasaría.
Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso la ejecución del gasoducto dejándoselo a su sucesor, alegando que no quería comprometer su posibilidad de ser elegido presidente en las hipotéticas elecciones de 2007, teniendo en cuenta la impopularidad de exportar el gas por el pueblo boliviano.
[editar] Sánchez de Lozada
Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero que ganó las elecciones presidenciales de 2002, indicó su preferencia por la opción del puerto de Mejillones. Pero Sánchez de Lozada también evitó adoptar una declaración oficial de construir el gasoducto.
Durante el año 2003, se reavivó un período de crisis social y política, derivado en protestas exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos. Las protestas fueron dirigidas por los representantes del campesinado y minería de las diferentes regiones del país, destacandose los dirigentes indígenas Evo Morales, (dirigente sindical cocalero del trópico de Cochabamba) y Felipe Quispe (dirigente campesino del norte paceño).
[editar] Planes para la Exportación
Un consorcio empresarial llamado Pacific LNG fue creado por la británica British-Petroleum, y la española Repsol-YPF para explotar el gas boliviano. Un plan que costaba unos 6 mil millones de dólares y que meritaba construir el mencionado gasoducto. En el puerto de Mejillones el gas iba a ser procesado y enviado a México y a Estados Unidos, en particular a California, un mercado potencial para el gas, para alimentar centrales termoeléctricas menos contaminantes que las tradicionales.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales (quién logró un meritorio segundo lugar en las elecciones presidenciales bolivianas del 2002, con una diferencia muy estrecha al ganador Sánchez de Lozada) se oponía a entregar a un consorcio extranjero la exportación del gas natural de Bolivia, alegando que se debe utilizar el uso interno del gas para el desarrollo de Bolivia, siendo un país ricos en recursos minerales.
Los ministros del gobierno de Sanchez de Lozada precisaron que las ganancias de la exportación del gas mejoraría la economía boliviana y sería invertida en salud y la educación. Los opositores, liderardos por Evo Morales, decían que el reparto de ganancias del gas perjudicaría a Bolivia; que el acuerdo con el consorcio otorgaba a Bolivia solo el 18% de los beneficios futuros de la exportación del gas, generaría solamente de $40 a $70 millones por año. Igualmente mencionó la oposición que exportar el gas iba a ser uno más de los tantos recursos naturales de Bolivia que han sido extraidos por extranjeros sin reperutir ningun beneficio al país y sería un saqueo más como los ocurridos durante la conquista española durante toda la historia colonial, e incluso republicana boliviana; como la plata y el oro a partir del siglo XVI y la plata y el estaño en el siglo XX. Exigían que se construyera una planta para procesar el gas en Bolivia y se proveieran 250.000 hogares de gas antes de exportar a países extrajeros (muchas familias bolivianas solo poseen leña como combustible y calefacción).
Los que estaban a favor de la opción de Chile proponían aceptar los contratos propuestos con Pacific LNG como la mejor opción, pues Bolivia no tiene ninguna industria para procesar el gas. Los financieros de Estados Unidos, dicen, son poco proclives a invertir para crear refinerías gasiferas dentro de Bolivia.
Mientras tanto, el gobierno peruano, que quiere promover “la integración territorial y económica,” ha ofreció a Bolivia una zona económica especial por 99 años para exportar el gas en la OIT, el derecho del paso libre, y la concesión de un área 1.000 hectáreas, incluyendo un puerto, que estaría exclusivamente bajo administración boliviana.
[editar] El Conflicto
El conflicto se extendió en septiembre de 2003, con huelgas y barricadas que paralizaban muchas partes del país, particularmente la región pobladas por indígenas aymará de Huarina, Warisata, Achacachi y Sorata entre la Paz y el lago Titicaca. El 19 de septiembre la coordinación nacional para la defensa del gas movilizó a 30.000 personas en Cochabamba y 50.000 en el la Paz para oponerse al gasoducto. El día siguiente, seis aldeanos aymaras, incluyendo una niña de ocho años, fueron aseinados en una manifestación de la ciudad de Warisata, donde aviones de combate y helicópteros fueron usados por las fuerzas del gobierno de Sánchez de Lozada para atacar a los huelguistas y evacuar a varios cientos de turistas atrapados por cinco días en Sorata por los bloqueos.[cita requerida].
En respuesta a la acciones del gobierno, el sindicato MAZORCA convocó una huelga general que comenzó el 29 de septiembre, paralizando al país con bloqueos. Eugenio Rojas, líder del comité regional de la huelga, declaró que si el gobierno rechaza negociar en Warisata, las comunidades insurgentes aymarás rodearán La Paz y la aislaran del resto del país, táctica empleada en el levantamiento de Túpac Katari de 1781, por el General Aymara: Pablo Zarate Willka. El temible Willka entonces, organiza y dirige al Ejército Aymara, que fue un conjunto de pequeñas unidades con poderosas masas humanas que plantearon el autogobierno Quechua Aymara con amautas guerreros como Juan Lero, Feliciano Mamani, Asencio Fuentes y Manuel Flores, que manteniendo consecuentes el planteamiento originario de Tupac Katari organizan el gobierno indio en medio las marchas y el acoso al ejercito regular, mediante una incesante lucha de guerra de guerrillas dirigida por Mallkus que ganaron mucha experiencia en el enfrentamiento contra las tropas conservadoras.
Felipe Quispe, miembro de congreso, indicó que él no participaría en diálogo con el gobierno hasta que los militares se retiran de áreas bloqueadas. El gobierno rechazó negociar con Quispe diciendo que él no es representate del movimiento de campesinos.
Los protestantes también exigieron la dimisión de Sánchez de Lozada y sus ministros, Yerko Kukoc, Ministro de Gobierno, y Carlos Sánchez de Berzaín, Ministro de Defensa, aduciendo que fueron responsables de la masacre de Warisata. Las protestantes también expresaron su oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que estaba siendo negociada por el gobierno de Sánchez de Lozada con el gobierno estadounidense de George W. Bush.
El gobierno del presidente Sánchez de Lozada decidió retirar el proyecto de exportar el gas, debido a la violencia de las manifestaciones, sin embargo, luego de las muchas muertes causadas por la represión a las manifestaciones, de forma bastante generalizada se pedía la renuncia del presidente. Debido a estas huelgas y bloqueos de campesinos y mineros, el 17 de octubre de 2003 Sánchez de Lozada renunció a su cargo, asumiéndolo su vicepresidente Carlos Mesa. Se produjeron más de 60 muertes durante esos días en las represiones del ejército.[1]
[editar] Carlos Mesa
En junio de 2005 el presidente Mesa propuso constituir una Asamblea Constituyente y convocar un Referéndum consultivo para dirimir el asunto del gas natural: una opción era permitir una mayor recaudación de impuesto y regalías por parte del Estado a las transnacionales extractoras asentadas en el país. A esta posibilidad se oponían enérgicamente los empresarios y la derecha, por considerarla demasiado gravosa. La otra opción era por la nacionalización completa, como exigían los sindicatos dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe.
En 2005 se desencadenó otra crisis paralela, las exigencias de autonomía del departamento de Santa Cruz, la región económicamente más rica de Bolivia. Unilateralmente, dirigentes empresariales y autonomista del departamento exigían otro referéndum para dirimir el asunto autonómico.
Debido a esta disyuntiva Mesa propuso su dimisión por primera vez en marzo de 2005, sin mayor resultado que una serie de baños de masas para Mesa y la consecuente atenuación de los conflictos sociales de forma momentánea. Las protestas a favor de la nacionalización por un lado y por otro las presiones de las transnacionales, empresarios y algunos países con interés en Bolivia (España, Estados Unidos, Brasil, particularmente) se acrecentaron.
Mesa, ante las continuas manifestaciones, anunció su renuncia por segunda vez en un lapso de 90 días. Según él la intransigencia de los sectores opositores impedía enfrentar la crisis. Sugirió que la única forma de resolver el conflicto sería la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo sus dubitativas acciones y su política contradictoria y sin una línea de acción clara habían disgustado a las clases populares, que exigieron su renuncia de manera inmediata mediante multitudinarias manifestaciones de mineros y campesinos indígenas, que una vez más paralizaron por completo la ciudad de La Paz.
Ante la negativa de los congresistas de reunirse para evaluar la renuncia Mesa, el congreso se traslada a Sucre el 9 de junio de 2005, donde también se dirigen los manifestantes, mayormente del sector minero, ante la sospecha del posible nombramiento de Hormando Vaca Diez (presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la Cámra Baja) como presidente de la república. Ahí se aceptó la renuncia de Carlos Mesa. No contentos con esto continuaron los manifestantes -sin un líder claro como si sucedió con las manifestaciones contra Sánchez de Lozada- exigiendo la renuncia de los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos sucesores del Presidente saliente según la constitución. La convulsión se hizo generalizada y tras una serie de luctuosos acontecimientos que se saldaron con la muerte de un manifestante minero, el Congreso pudo reunirse tras la declinación pública de la sucesión tanto por parte de Cossio como de Vaca Diez. Se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, como sucesor constitucional. Una vez concretada la renuncia de Carlos Mesa, las protestas disminuyeron hasta desaparecer cuando el nuevo presidente convocó a elecciones anticipadas para el 4 de diciembre de 2005.
[editar] Nacionalización de la industria gasífera
Las elecciones fueron postergadas por la Corte Electoral, luego de un reclamo judicial por el reclamo de bancas por parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente, la fecha para las elecciones generales bolivianas se fijó para el 18 de diciembre de 2006.
Las elecciones se realizaron con una relativa normalidad, la Corte Electoral depuró, al parecer erróneamente, a cerca de 800.000 votantes, siendo esta una cantidad inusual muchos votantes reales se quedaron sin la posibilidad de votar pues fueron depurados. y donde ganó Evo Morales uno de los conductores de las protestas populares. Los resultados finales de la elección dieron a Evo Morales como ganador por mayoría absoluta, siendo el nuevo presidente de la república, que finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían seíanr nacionalizadas: ?el estado recupera propiedad, la posesión y el control total y absoluto? de hidrocarburos. Cumpliendo sus promesas electorales, declarando que ?no somos un gobierno de meras promesas: seguimos a través en lo que proponemos y lo que exige la gente?. El aviso fue medido al tiempo para coincidir con día de trabajo el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB, de la firma del estado, ocupar y asegurar instalaciones gasiferas, Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como ?período de transición? para renegociar los contratos, o la expulsión del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la nacionalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El Vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno aumentarían hasta los $780 millones el año siguiente, ampliando casi seis veces si se compara con el año 2002. Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, uno de los inversionistas más grandes de Bolivia, que controla el 14% de las reservas del gas del país. El Ministro de energía del Brasil, Rondeau de Silas, reaccionó, considerando el movimiento como ?antipático? y contrariamente al entendimiento histórico entre su país y Bolivia. Petrobras, Repsol YPF, Plc Británico del grupo del productor BG de gas y petroleo Repsol y la francesa Total son las compañías principales del gas presentes en el país. Según Reuters, ?el eco de las acciones de Bolivia donde el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Evo Morales, hizo en el quinto exportador más grande de petroleo del mundo con las migraciones forzadas y las alzas del impuesto retroactivo – las condiciones del contrato que engrasan a comandantes acordó en gran parte aceptar.? YPFB pagaría a compañías extranjeras sus servicios, ofreciendo cerca de 50 por ciento del valor de la producción, aunque el decreto indicó que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirían apenas 18 por ciento.
Las negociaciones entre el gobierno boliviano y las compañías extranjeras se intensificaron durante la semana que conducía al plazo el 28 de octubre de 2006. Un días antes un acuerdo fue alcanzado con dos de las compañías (incluido Total) y antes del plazo en el resto de sábado de las diez compañías restante (Petrobras y Repsol YPF, entre ellas) el funcionamiento en Bolivia también había venido a un acuerdo. Los detalles completos de los nuevos contratos no se había dados a conocer, pero el objetivo de levantar por parte del gobierno de réditos de los dos campos principales a partir de 60 por ciento a 82 por ciento parece haber sido alcanzado. La parte del rédito para el gobierno de campos de menor importancia se fija en 60 por ciento.
Durante la negociación de seis meses el período hablaba especialmente con la compañía brasileña Petrobras había sido difícil. Petrobras había rechazado aumentos o la reducción a un abastecedor de servicio. Como resultado del ministro de energía boliviano atascado de las negociaciones Andres Soliz Rada dimitió en octubre y fue substituido por Carlos Villegas. ?nos obligan vivir con el Brasil en una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos?, dijimos las morales de Evo en la ceremonia de firma del contrato que subraya la dependencia mutua del Brasil en el gas boliviano y de Bolivia en Petrobras en la producción del gas.
CRONOLOGIA http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/bolivia/txt/2003/1018cronologia.htm
[editar] Véase también
[editar] Enlaces externos
Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Guerra del Gas.- Laberinto boliviano, *Elecciones bolivianas, especial de la BBC de Londres.
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